El Gobierno tiene –como dice el presidente del Consejo de Ministros- una piedra en el zapato. Ésta es, sin lugar a dudas, Omar Chehade, ex abanderado de la lucha anticorrupción cuya presencia en el sistema gubernamental contribuye a mermar la confianza que con muchos obstáculos ha sabido ganar Ollanta Humala en un gran porcentaje de la población.
Como han anunciado muchos analistas políticos, si Omar Chehade renunciara a su cargo de segundo vicepresidente, el Gobierno no se vería afectado, teniendo en cuenta que la vicepresidencia es un cargo que sólo se activa durante la ausencia del Presidente y –de darse el caso- su función sería meramente administrativa. Es por ello, y por lo planteado en el primer párrafo de este texto, que una eventual renuncia de Chehade, en lugar de ser contraproducente para el Gobierno, contribuiría a que permanezca sólida la imagen que éste tiene en la población.
Pero el tema no queda ahí. Es importante reiterar que Omar Chehade es también un congresista de la República y es necesario ver el tema desde esa perspectiva.
Como es de conocimiento público, el código de ética del Congreso de la República impide que un congresista actúe en beneficio de intereses particulares. Si se demuestra que Omar Chehade es culpable de tráfico de influencias, el Congreso estaría en la obligación de efectuar las sanciones correspondientes en su contra, así éstas incluyan la suspensión de sus actividades congresales.
¿Qué pasará? ¿Sus compañeros de bancada (Gana Perú) lo protegerían? ¿Qué haría el presidente Daniel Abugattás?...
Muchas preguntas saltan al aire y hay que estar pendientes.
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