Durante los últimos meses del culminado régimen de Alan García ya se hablaba de una larga lista de “bombas de tiempo”, problemas no resueltos o poco tratados que van agrandándose conforme pasa el tiempo hasta que explotan inminentemente debido a la indiferencia gubernamental. El conflicto minero nacional es uno de ellos. Se creía que el ya mediáticamente olvidado caso de Puno y el rechazo aymara a las actividades mineras en dicha región sería el primer problema social a tratarse por el nuevo gobierno, incluso el presidente Ollanta Humala así la había prometido cuando aún se encontraba en la etapa de segunda vuelta electoral. La realidad no fue así y hoy pocos se acuerdan de la paralización que le costó a Puno millones de soles en pérdidas y el total desmedro de su imagen como destino turístico, así como la crisis de representatividad que quedó demostrada con la aparición y elevación de Walter Aduviri, suerte de caudillo autoproclamado defensor de los intereses aymaras.
Hoy tres regiones viven su propio reclamo en pos de la preservación de su modo de vida y medio ambiente que se ven amenazados por la actividad de empresas que curiosamente pertenecen al rubro de la llamada minería responsable. Se discute en Cajamarca el proyecto Conga de la minera Yanacocha, cuya ejecución atentaría contra la biodiversidad y la actividad agrícola principalmente de la provincia de Celendín. Con un estudio de impacto ambiental aprobado desde el año pasado, Yanacocha propone reemplazar cuatro lagunas por reservorios, como si estos segundos pudieran preservar los afluentes y la geomorfología que implica la existencia de una laguna. ¿Cómo saber detalles de todo esto si la minera recibió por parte del gobierno anterior un plazo hasta el 2013 para presentar los estudios hidrogeológicos necesarios? Caso análogo es el de Antamina en Ancash, donde comuneros de 32 centros poblados han convocado a un paro de 48 horas para manifestarse no sólo en contra de la contaminación sino también en reclamo del cumplimiento de los planes de responsabilidad social con los que la minera tiene que cumplir. Por su parte, Andahuaylas lleva ya una semana de paralización en demanda de una resolución que prohíba la actividad minera en cuencas, microcuencas, ojos de agua, bofedales y zonas agrícolas.
Estas protestas se han venido desarrollando sin la violencia extrema e irracional de la que fuimos testigos durante el conflicto en Puno, lo que no significa que se trate de reclamos poco contundentes o que, mucho menos, se traten de problemas fáciles de resolver. En cualquiera de los tres casos, dar la razón a los pobladores le valdrá al gobierno la crítica de sectores que tomarán esto como un ataque directo a la inversión privada y al llamado desarrollo del país. Por otro lado, el apoyo irrestricto al empresariado en cuestión generará el descontento general en dichas localidades. ¿Cómo enfrentar tal problema? ¿Renegociación? ¿Ley de consulta previa? No dejemos que se nos avecine otro conflicto social equiparable al de Puno, el gobierno debe empezar a diferenciarse realmente de los errores cometidos en el gobierno pasado.
Fotografías: Red Verde Cajamarca, RPP
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