Luego de cumplirse los primeros cien días del mandato de Ollanta Humala, el gobierno se enfrenta a su primer paquete de protestas; esta vez contra la minería, reclamos que van más allá del canon o el nuevo gravamen a este sector.
Aunque estas protestas tiene un factor comun: anti minería, cada uno tiene una lógica particular. En Ancash, se reclama el cumplimiento de los compromisos ya asumidos y el incremento del canon a la región; en Chincheros, el discurso es más radical: oposición a la minería en general; en Cajamarca, el debate gira en torno al proyecto minero Conga, cuya realización demandaría la captación de cuatro lagunas, desabasteciendo a los campesinos de la zona; mientras que en Madre de Dios, la protesta es de mineros informales contra el cumplimiento de la ley.
Pese a que según la Defensoría del Pueblo, existen 217 conflictos sociales por motivos ambientales, debemos considerar que gran parte de ellos son "herencia" del anterior gobierno. Evidentemente, no hablamos de gobiernos iguales: esta presidencia parece no ser tan represiva como la anterior, ni tener un discurso proinversión dogmático; sin embargo, la encrucijada es la misma: ¿defender las inversiones o atender los reclamos de los pobladores?
Consideremos, antes, que la minería es uno de los sectores que genera importantes ingresos al país y en palabras del presidente: "no es lo mismo con guitarra que con cajón". No es lo mismo ser candidato que presidente.
Opiniones van y vienen en torno a si existen dirigentes que están utilizando estas protestas para sus intereses políticos. Asimismo, se debate si se producirá un efecto dominó que genere nuevas protestas en otras regiones que, paradójicamente, son los principales centros mineros, pero los más pobres del país (en Ancash 42% de la población está en pobreza y en Apurímac el 70%).
También se discute si de hoy en adelante es la solución tomar una carretera o incendiar un local público para llamar la atención del gobierno. Sin embargo, parece que este Estado padece las mismas falencias que el anterior: escasa institucionalidad con capacidad de prevenir el estallido de conflictos.
No existe solución única, ni a corto plazo. Para ello, se debería promover una nueva legislación minera y ambiental que respete e incremente la participación de la población en decisiones que involucren a sus territorios (a la espera de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa) y que se redefinan los Estudios de Impacto Ambiental, así como revisar su realización. ¿Tendrá tiempo -paciencia y tino- el gobierno para los cambios? o ¿se terminó la luna de miel con el flanco izquierdo de sus electores?
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