18 de septiembre de 2020

Nuevos ataques contra la institucionalidad, nuevas oportunidades de respuesta

 


El jueves pasado, el congresista de Unión por el Perú Edgar Alarcón presentó en el Congreso unos audios en los que se escucha al Presidente, a sus asistentas Miriam Morales y Karem Roca, y al cantante Ricardo Cisneros en conversaciones diferentes. En sus diálogos se habla de traiciones, se discuten responsabilidades y beneficios y, lo más grave, se coordinan respuestas para la fiscalía en un caso de presunto tráfico de influencias.

Desde ese día, el Congreso ha presentado una moción de vacancia contra el mandatario, IDL Reporteros ha dado cuenta de conversaciones entre Merino y los comandantes de las Fuerzas Armadas (FF AA), el premier Walter Martos ha pedido perdón a la memoria de Belaunde, la bancada de Acción Popular (AP) se ha partido vergonzosamente, los congresistas que apoyaron en un principio la vacancia se retractaron, el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, ha demostrado que miembros de AP intentaron intimidarlo para que traicione a Vizcarra, y el país entero ha quedado sumido en una particular crisis política por un hombre que se hace llamar Richard Swing.

Cuestiones previas

En primer lugar, hay que saber que el golpe de Estado, como concepto, se llama así porque lo ejecuta, normalmente con apoyo de otros, el Estado Mayor; el órgano directivo de las FF AA que reúne a los más altos mandos militares. Así, podríamos decir que un golpe de Estado es un ataque contra la institucionalidad del país acometido por una parte o por la totalidad del ejército, siempre que sean dirigidas por comandantes de los más altos rangos.

Otro asunto que es necesario aclarar es la sedición. De acuerdo al código penal, este delito se da cuando, por la fuerza, se evita o se intenta evitar que las autoridades legítimas cumplan sus labores, se busca desconocer la ley o impedir las elecciones. Es decir, cuando se usa la violencia para alterar el orden institucional.

Finalmente, no está de más recordar que, como en todos los países presidencialistas, en Perú el Comandante en Jefe del ejército es el Presidente de la república. Él es quien puede, de acuerdo a ley, desplegarlas, replegarlas, inspeccionarlas y, de ser necesario, llamarlas para darles tranquilidad. No es el presidente del Congreso.

Vacancia de Vizcarra

Respecto a esto, es necesario entender que cuando la Constitución menciona como causal de vacancia la “incapacidad moral permanente” se refiere a enfermedades como la demencia senil. Es cierto que el inciso se ha tergiversado en el pasado, en el caso de Alberto Fujimori, pero incluso si se asume que se puede referir también a la falta de ética y de valores democráticos, cabe preguntarse: las acciones de Vizcarra ¿suponen incapacidad moral permanente?

Lo único que dejan en claro los audios del Swing es que el mandatario preparó una defensa que implicaba mentir a la fiscalía. Sin embargo, esta mentira estaría en función de asumir visitas de Cisneros en las que no fue Vizcarra quien recibió al cantante. Qué tan grave es esto, es un tema debatible, pero parece no serlo demasiado si se compara con el único antecedente válido que se tiene, el de la vacancia de Fujimori.

Con todo esto, a primera vista podría parecer que la vacancia promovida por Édgar Alarcón y Manuel Merino es legítima aunque polémica, pero no se puede soslayar el contexto en el que se da. He ahí el gran problema.

Intento de Sedición

Evidentemente, las acciones de Merino buscaron involucrar a las FF AA en un asunto político, atentando contra su naturaleza no deliberativa. Su excusa de llamar a los comandantes para darles tranquilidad solo es verosímil si puede probar que es el distribuidor local de diazepam. De lo contrario, no tiene sentido que sostenga ese tipo de conversaciones.

Es cierto que las comunicaciones que se han hecho públicas hasta ahora, por sí mismas, no suponen ningún delito, pero son más que suficientes para que el Ministerio Público inicie indagaciones, lo que podría llevar eventualmente a sanciones penales porque, aunque la sedición está fuera de discusión, también es delito la conspiración para cometer sedición.

Según la ley, debe haber al menos dos conspiradores. Los chats publicados ayer por el ministro Inchaústegui prueban que MML no actuó solo, y todo análisis indica que retrasar las elecciones del próximo año era uno de los objetos del golpe fallido. Si la fiscalía puede demostrar que los distintos operadores coordinaron de algún modo sus acciones, solo quedaría probar la intención antidemocrática del complot, lo que no debería ser imposible.

Tantas veces respuestas a medias

Hace unos meses, luego de que el Congreso aceptara la renuncia de Mercedes Aráoz, explicamos por qué ella debía ser procesada por infracción constitucional y usurpación. Lamentablemente, a pesar de las sólidas pruebas, las autoridades que podrían haber hecho algo al respecto decidieron dejarlo pasar, quizás por desidia, quizás por un mal entendido deseo de reconciliación o de pasar la página.

Hoy, las consecuencias de decisiones como esa, tomadas una y otra vez a lo largo de varios años, varios gobiernos y varias crisis, se vuelven palpables. La débil institucionalidad peruana no podrá tolerar por mucho tiempo más golpes bajos como estos a menos que se fortalezca, y no se fortalecerá jamás si los encargados de proteger esa institucionalidad no actúan en consecuencia.

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