Los derechos humanos también deben ser para los militares

Hace 15 años se llevó a cabo el operativo Chavín de Huantar y es increíble que los comandos que heroicamente participaron de éste no hayan recibido gratificaciones económicas por su labor y que muchos de ellos estén atravesando procesos judiciales que no tienen cuándo terminar. Es indignante que estos héroes de la patria reciban los espaldarazos del Estado mientras que muchos senderistas y emerretistas gozan de los privilegios que las asociaciones “defensoras de los derechos humanos” reclaman para ellos.

Escuchaba hoy por la mañana en el programa televisivo Abre los Ojos a Patricia Valer Sandoval –hermana del militar caído Juan Valer Sandoval- preguntarle a Rocío Silva Santisteban, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, si alguna vez ha reclamado por los derechos de los militares, si algunas vez ha solicitado que los familiares de los comandos caídos reciban indemnizaciones, si alguna vez ha solicitado que un militar no pase décadas enfrentando juicios… Silva sólo calló y quedó visiblemente avergonzada, pues sabe que nunca lo ha hecho.

Es necesario preguntarse, ¿por qué estas organizaciones –como la que preside Silva Santisteban- no defienden a aquellos que han tenido que sacrificar su vida en defensa de la patria? No es casualidad que las organizaciones “pro derechos humanos” como Aprodeh y la CNDH se hayan ganado la fama de ser pro terroristas. Todos somos testigos de la labor tan injusta que estas organizaciones realizan al inferir que los derechos humanos son solo para los terroristas y no para los miembros de nuestras fuerzas armadas.

Es necesario que el presidente Ollanta Humala haga que el Estado asuma las responsabilidades que tenemos con los miembros de Chavín de Huántar, ya que –después de muchos años de humillaciones- es prioridad que sus derechos humanos sean respetados, y quienes deban asumir culpas, sean condenadas de una vez por todas.      

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