Luego de dos años del terremoto que asoló el sur chico del país, está claro que la tan esperada reconstrucción del mismo va a paso de tortuga. Después de veinticuatro meses, el Estado, que un principio pareció responder de la manera más óptima, se ha transformado en una pesada maquinaria burocrática que impide que las ciudades afectadas puedan siquiera, verse como eran antes del desastre.
El Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) ha resultado ser un bodrio. La razón: una pésima delimitación de las competencias de las diversas autoridades involucradas en el proceso (léase ministros, alcaldes, presidentes regionales, etc.) y un reglamento que exigía una enorme cantidad de pasos para poder asignar presupuestos. Como si las bocas de los niños bajo las frías esteras supieran de papeleos interminables y expedientes técnicos deficientes.
No pedimos que se quite la institucionalidad ni la rigurosidad con la que se tienen que dar el proceso de reconstrucción; pero, el crear entidades que sólo tienen funciones burócratas antes que efectivas, no sirve de mucho. Ahora que se va a reformar Forsur, es una necesidad moral el hecho de corregir todas estas falencias.
De igual manera, creemos plausible el hecho de que forme una comisión que monitoree de forma permanente la actividad de Forsur y de todo el proceso de reconstrucción de la zona devastada; sin embargo, ¿querrá el Presidente publicar un decreto de urgencia que modifique Forsur teniendo en cuenta las requerimientos necesarios? ¿Será capaz de imponerse sobre su ego y aceptar que él, como representante del gobierno nacional, también se equivocó y se deje de estar echando la culpa solo a las autoridades locales? Esperamos que sí lo haga, por el bien de todas las familias damnificadas.
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