El drama de los jubilados continúa. Miles de personas afiliadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aún no pueden acceder a sus respectivas pensiones, a pesar de que la Defensoría del Pueblo publicó el año pasado un informe que revela los puntos críticos de dicha entidad. Los más afectados, sin duda, siguen siendo miles de peruanos de la tercera edad que deben esperar más de un año para ver resuelto el trámite de su pensión.
Lo cierto es que a pesar de las recomendaciones expedidas por la Defensoría del Pueblo, las quejas contra esta entidad han ascendido en un 35% en lo que va del 2009. Como se sabe, la mayoría se refiere a la demora del trámite de los expedientes y al desconocimiento del proceso de aportes.
No obstante, la actitud de la ONP oscila entre la desidia y el sarcasmo. Este organismo público –supuestamente al servicio de los otrora contribuyentes al erario nacional- ha sido capaz de rechazar expedientes, dilatando el tiempo de espera de los afiliados. Y por si fuera poco, en una suerte de desafío ante los justos reclamos de sus víctimas, despilfarró S/. 14 millones en los honorarios de aquellos juristas que se encargaron de su defensa.
¿Cuál es la solución para este problema? Indudablemente, el cambio estructural de dicha entidad, a fin de que su ineficiencia no perjudique a los que más lo necesitan. Con la misma celeridad con la que los sueldos de los trabajadores se ven mutilados cada mes, las jubilaciones –ínfimas, por cierto- deberían estar dispuestas a satisfacer las necesidades de la gente. El que no trabaje, que no coma… pero el que ya trabajó, también merece comer.
Foto: bp0.blogger.com
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