¿Inclusión Social desde Lima?

Es indignante que tres niños hayan muerto en Cajamarca tras consumir los alimentos del Programa Nacional de Asistencia Alimenticia (Pronaa) y que los causantes directos de esta desgracia no hayan sido encontrados y mucho menos sancionados. Es casi predecible que el caso quedará en la impunidad y como parte de una negligencia más de las políticas de asistencia –hoy llamadas de inclusión social- que el/los Gobierno(s) planifica(n), implanta(n), ejecuta(n) y supervisa(n) desde kilómetros de distancia: desde Lima.

Resulta lamentable y tonto que en la actualidad los peruanos tengan que buscar en Lima al culpable de una negligencia u homicidio ocurrido en un comedor de la sierra norte del país. Esto nos lleva a cuestionar: ¿para qué han sido creados los Gobiernos Regionales?

Precisamente, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que “es responsabilidad de los Gobierno Locales y Regionales ejercer en su respectiva jurisdicción aquellas funciones vinculadas al desarrollo y la inclusión social”. Definitivamente, es mucho más productivo y eficaz que en un país existan diferentes entes encargados de planificar y ejecutar programas de desarrollo en sus respectivas regiones a que un gobierno acaparador intente hacerlo desde la capital. Demás está decir que esta es una de las principales causas de tantas negligencias -como la ocurrida con estos niños- y del centralismo que durante años ha evitado que el progreso social y económico llegue a distintas zonas de nuestro país.

Se cree –hay muchas expectativas- que el ministerio de Inclusión Social aliviará estos males, pero lo preocupante es que los procesos para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar los planes de desarrollo social en todo el país serán competencia de esta nueva cartera, pues así lo establece el proyecto de ley que autoriza su fundación: nuevamente caemos ante un gobierno acaparador.

Es verdad que en todo este tiempo algunos Gobiernos Regionales no han sabido utilizar los recursos que les son asignados para trabajar en el desarrollo de sus pueblos, pero es precisamente en esta problemática en donde el Gobierno Central debe entrar a tallar y exigir resultados, como un ente fiscalizador y supervisor de los programas sociales, pero no como un planificador, ya que la política de inclusión social, en lugar de ser fructífera y acabar con el centralismo, podría ser contraproducente por la falta de capacidad que un ministerio tendría para trabajar en todo un territorio nacional.

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