Editorial: La política antidroga del presente gobierno

A pesar de que en su Mensaje a la Nación Ollanta Humala anunció una férrea lucha contra el narcotráfico, las últimas decisiones en esta materia no han sido las más claras. Acciones como el nombramiento de Ricardo Soberón como presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la posterior suspensión temporal de la erradicación de los cocales han despertado la preocupación por el futuro de la lucha contra el narcotráfico.

A ello se deben sumar los resultados del último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (ONUDC) en el que ubican al Perú muy cerca de Colombia -hasta ahora el mayor productor de coca en el mundo-. Ello demuestra, sin dudas, el fracaso de las políticas antidrogas durante los últimos gobiernos.

Uno de los tantos errores en esta lucha es la falta de empadronamiento de cocaleros. Aunque esta medida despierta dudas en algunos especialistas, es importante tener un registro en el cual poder comprar la producción de los empadronados –la que va destinada al consumo tradicional-- y combatir la sobreproducción de los ilegales --la cual, como se sabe, va a la cocaína--.

Otra de las aristas en esta lucha es la deficiente preparación de los militares en las zonas de emergencia. Tal y como han denunciado las autoridades que estuvieron al mando en dichas zonas, no existe preparación en los soldados, ni equipamiento básico. Según sus demandas, es poca su capacidad de reacción en comparación con la rapidez de los narcotraficantes. Todo haría indicar que existe un conflicto de intereses que limita mayor preocupación en esta materia.

Si a estas falencias se suma el aparente doble discurso de Ricardo Soberón, como muestran sus correos electrónicos en los que indica a los cocaleros que no siempre podrá suspender la erradicación de hoja de coca, parece que pronto tendremos el triste título de ser los principales productores de coca en el mundo.

Otra decisión preocupante fue el nombramiento de Eduardo Federico Roy Gates como consejero presidencial en asuntos jurídicos. Como se recuerda este polémico abogado defendió anteriormente a la familia Sánchez Paredes, clan que estuvo vinculado al narcotráfico.
¿Se está tomando en serio la guerra contra el narcotráfico? Como demuestran los resultados, las decisiones de los últimos gobiernos no han sido las acertadas, por lo que es imperioso un cambio radical en esta lucha: una política integral. También es cierto que no se pueden exigir aun resultados, pero las señas que están dando son, por lo menos, preocupantes.

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