EDITORIAL: El Congreso que nos merecemos

Invoco a quienes piensan que es errónea esa conocida frase que dice que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Apuesto a que, como yo, son muchos los peruanos que no se sienten identificados con la corrupción, la falsificación de información, la promoción del delito y la contaminación ambiental. Sin embargo, es penoso convertirse en testigo de la contradicción de quienes afirman sentir orgullo por los logros macroeconómicos de nuestro país, por nuestra gastronomía y riqueza histórica, para luego sentenciar abiertamente que “tenemos el gobierno que nos merecemos”. ¿Qué tan fácil es para un peruano poner de manifiesto esta relación de amor-odio para con su propio país? Tan fácil como tomar un diario por las mañanas y dar cuenta de que hay cosas que no cambian, que siguen y -al parecer- seguirían repitiéndose; tan fácil como lamentarse por la existencia de un congresista a quien apodan “comeoro” por sus evidentes conflictos de intereses a favor de la minería informal en el Parlamento, o por la acusación que recibe uno de sus congéneres por presuntamente ser dueño de un prostíbulo. Independientemente de los partidos políticos por los que fueron elegidos, son congéneres por haber recibido en su momento la confianza del pueblo y por haberla decepcionado casi de manera simultánea, como si de un acuerdo mutuo se hubiese tratado. Tal parece que la prensa, acostumbrada ya a las “perlas” del finiquitado período congresal 2006-2011, no se quedará corta de trabajo ni de “carnecitas” durante el gobierno que acabamos de empezar… y eso que sólo hablamos ahora del Poder Legislativo.

Denuncias como estas (hablando de los hechos condenables y no de las denuncias en sí, claro está) son las que no permitirán que el Perú empiece a confiar en su clase política o al menos revertir la tan pisoteada imagen que de esta tiene. Si el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, realmente tuvo la intención de dar un aire de confianza a dicho órgano con la sesión descentralizada en Ica, su esfuerzo fue completamente nulo y la atención que pretendió acaparara ahora se derivará a la comisión de Ética, la que tendrá a su cargo investigar a los parlamentarios Amado Romero, Francisco Ccama, Néstor Valqui y José Gutierrez, quienes desde ahora presumiblemente serán recordados por sus vínculos con la minería informal, el meretricio, a falsedad de información y el irrespeto tanto a la investidura de su cago como a la confianza de sus votantes.

Varias preguntas surgen al respecto. Por ejemplo, “¿En qué fallamos nuevamente para elegir a la misma clase de congresistas?” o “¿Hasta cuándo tendremos el mismo tipo de funcionarios?”. Sin embargo, surge otra estrechamente relacionada con un ofrecimiento electoral: “¿Qué fue de la inmunidad parlamentaria?”. Sí, aquella propuesta de más de un candidato para evitar que un congresista, por el simple hecho de ostentar tal cargo, se escude de sus responsabilidades civiles o penales si alguno de sus actos así lo requiriese. Necesitamos que pase pronto de ser una propuesta olvidada a un proyecto de ley que luego sea revisado, ampliado y finalmente promulgado. Así recién empezaremos el trabajo que finalmente nos permitirá decir sin miedo que tenemos el gobierno que nos merecemos.

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