En una entrevista concedida al programa Irradiando, el reconocido analista político, Javier Azpur, afirmó que la reciente promulgación de
“No se trata de una varita mágica, pero sí plantea nuevas reglas de juego que permitirán conocer los beneficios de los proyectos de inversión y facilitarán el respeto a la opinión de los afectados por ellos, lo que crea un escenario distinto que dará mayores posibilidades a la solución de los conflictos sociales”, señaló.
En tal sentido, el especialista indicó que esta medida representa “la confirmación de los derechos de las comunidades y además el reconocimiento de su propiedad colectiva en la mejora de su calidad de vida”.
Labor del gobierno
Para tales fines, Azpur sostuvo que corresponderá al actual gobierno la tarea de promover “un diálogo que ofrezca todas las oportunidades y perspectivas que brinda una inversión. No solo el canon, sino la posibilidad de una asociación entre las empresas y las comunidades que permita un beneficio directo de los proyectos a sus economías”, refirió.
Por tal motivo, en los casos de proyectos que hagan insostenible la permanencia de una comunidad, los pobladores tendrán el derecho de negarse según esta ley, pero sin evadir la autoridad del Estado, sostuvo.
Implementación
Por último, precisó que la ley solo establece un marco de referencia para los casos de Consulta Previa. Pero para que se haga efectiva, necesitará de un reglamento aceptable y viable que defina qué es una comunidad nativa, qué mecanismos y procedimientos se emplearán para su aplicación y qué entidades se encargarán de su ejecución.
Y con el fin de que tales disposiciones sean lo más democráticas posibles, durante los 180 días de su implementación, “no deberán retomarse los proyectos de inversión en controversia ni las actitudes de amenaza de las organizaciones sociales y comunales”, puntualizó.
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