La complacencia del gobierno y la ignorancia del pueblo benefician a Doe Run.
Fiel a su estilo, nuestro gobierno nos muestra una vez más que cuando de mano dura se trata, se flaquea más que nunca. Veinte meses más para Doe Run, según la Comisión multisectorial para el caso de La Oroya. Veinte meses para que se construya el proyecto “Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre”. Veinte meses para que las billeteras de los enardecidos trabajadores tengan alguna utilidad. Veinte meses para que esa ciudad, una de las más contaminadas del mundo, pueda descansar en paz.
Buscar la salida más fácil, se dice, es propio de ociosos. Si eso es cierto, nuestro gobierno enarbola la bandera de la ociosidad. El problema de Doe Run es harto complejo: involucra la responsabilidad s
ocial de la empresa minera en nuestro país, la eficiencia del gobierno peruano en cuanto a protección del medio ambiente, el respeto a los convenios internacionales y, lo más duro, la conciencia del trabajador que, cegado por la inmediatez, prefiere el salario a la salud.
Precisamente, respecto del último punto, resulta inconcebible que, contra todo canon de protesta popular, los obreros de Doe Run levanten el puño izquierdo para proteger, solo por no perder su empleo, a la empresa que los está matando. Ese pensamiento revela el profundo e ingenuo cortoplacismo propio del peruano contemporáneo, una tara que lleva a cuestas al investirse de este paradigma llamado postmodernidad. Un razonamiento elemental que le hace olvidar el futuro, a fin de asegurarse el pan.
Por último, después del merecido desprestigio en que se ha envuelto esta casa minera, será casi imposible restaurar su situación crediticia, su número de proveedores y, lo más difícil su cartera de clientes. Les costará esfuerzo y, probablemente, un mayor tiempo del estipulado alcanzar el reflote. Tiempo que de seguro la flacidez del gobierno le otorgará, pero la humanidad en riesgo tendrá que pagar… y muy caro.
Fiel a su estilo, nuestro gobierno nos muestra una vez más que cuando de mano dura se trata, se flaquea más que nunca. Veinte meses más para Doe Run, según la Comisión multisectorial para el caso de La Oroya. Veinte meses para que se construya el proyecto “Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre”. Veinte meses para que las billeteras de los enardecidos trabajadores tengan alguna utilidad. Veinte meses para que esa ciudad, una de las más contaminadas del mundo, pueda descansar en paz.
Buscar la salida más fácil, se dice, es propio de ociosos. Si eso es cierto, nuestro gobierno enarbola la bandera de la ociosidad. El problema de Doe Run es harto complejo: involucra la responsabilidad s
ocial de la empresa minera en nuestro país, la eficiencia del gobierno peruano en cuanto a protección del medio ambiente, el respeto a los convenios internacionales y, lo más duro, la conciencia del trabajador que, cegado por la inmediatez, prefiere el salario a la salud.Precisamente, respecto del último punto, resulta inconcebible que, contra todo canon de protesta popular, los obreros de Doe Run levanten el puño izquierdo para proteger, solo por no perder su empleo, a la empresa que los está matando. Ese pensamiento revela el profundo e ingenuo cortoplacismo propio del peruano contemporáneo, una tara que lleva a cuestas al investirse de este paradigma llamado postmodernidad. Un razonamiento elemental que le hace olvidar el futuro, a fin de asegurarse el pan.
Por último, después del merecido desprestigio en que se ha envuelto esta casa minera, será casi imposible restaurar su situación crediticia, su número de proveedores y, lo más difícil su cartera de clientes. Les costará esfuerzo y, probablemente, un mayor tiempo del estipulado alcanzar el reflote. Tiempo que de seguro la flacidez del gobierno le otorgará, pero la humanidad en riesgo tendrá que pagar… y muy caro.
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