Vínculos en el poder permiten el cese de sus legítimas funciones al Instituto Nacional de Cultura (INC).
El nepotismo se ha convertido en el responsable de que el proyecto de ley 34646 -proyecto propuesto por el presidente Alan García que busca atribuirle al Congreso de la República la responsabilidad de decidir qué territorio de nuestro país debe ser considerado como Patrimonio Cultural y cual no, función que actualmente corresponde al INC- tenga mayores facilidades para acceder a la legalidad. Así lo sustenta Alberto Bueno Mendoza, un veterano profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
-El INC debe ser rígido frente al gobierno y ponerse derecho, pero no lo va a hacer, ya que la presidenta del INC (María Cecilia Bákula Budge) tiene su historia con García- manifestó Bueno ante su negativa contra este proyecto. Según el arqueólogo sanmarquino, María Bákula le debe a García el puesto de directora de la citada institución.
El profesor sustenta su denuncia con la siguiente historia: “Cuando el japonés Fujimori perseguía a Alan García a inicios de los 90, García logró escapar, por el norte, hacia Colombia; y llegó con una mano adelante y otra atrás. En ese tiempo, Miguel Bákula (padre de la actual presidenta del INC) era embajador peruano residente en dicho país, y es él quien alojó a García en su casa, en donde vivió durante dos años y quien después lo ayudó a llegar a Francia”.
De ello se puede deducir que García le debía favores a dicha familia y que por ello nombró a María Bákula como directora del INC en el año 2006, año en el que inició su periodo presidencial. “¿Acaso Bákula va a negarse a lo que quiere imponer el gobierno? Es amiga de García” manifestó, muy angustiado, el arqueólogo.
Por otro lado, Bueno afirma que ésta es la tercera ocasión que el gobierno atenta contra los patrimonios culturales de nuestro país. -Primero fue durante la época de Fujimori, al otorgar títulos de propiedad sobre zonas arqueológicas invadidas; la segunda ocasión fue en el 2005, cuando se concedió terrenos históricos para la construcción de hoteles y restaurantes; y la tercera se da ahora, con esta iniciativa que debería ser rechazada-
Esto es un abuso de poder y un desmedido afán mercantilista que poco a poco acabará con nuestros recursos, manifestó el arqueólogo.
El nepotismo se ha convertido en el responsable de que el proyecto de ley 34646 -proyecto propuesto por el presidente Alan García que busca atribuirle al Congreso de la República la responsabilidad de decidir qué territorio de nuestro país debe ser considerado como Patrimonio Cultural y cual no, función que actualmente corresponde al INC- tenga mayores facilidades para acceder a la legalidad. Así lo sustenta Alberto Bueno Mendoza, un veterano profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
-El INC debe ser rígido frente al gobierno y ponerse derecho, pero no lo va a hacer, ya que la presidenta del INC (María Cecilia Bákula Budge) tiene su historia con García- manifestó Bueno ante su negativa contra este proyecto. Según el arqueólogo sanmarquino, María Bákula le debe a García el puesto de directora de la citada institución.
El profesor sustenta su denuncia con la siguiente historia: “Cuando el japonés Fujimori perseguía a Alan García a inicios de los 90, García logró escapar, por el norte, hacia Colombia; y llegó con una mano adelante y otra atrás. En ese tiempo, Miguel Bákula (padre de la actual presidenta del INC) era embajador peruano residente en dicho país, y es él quien alojó a García en su casa, en donde vivió durante dos años y quien después lo ayudó a llegar a Francia”.
De ello se puede deducir que García le debía favores a dicha familia y que por ello nombró a María Bákula como directora del INC en el año 2006, año en el que inició su periodo presidencial. “¿Acaso Bákula va a negarse a lo que quiere imponer el gobierno? Es amiga de García” manifestó, muy angustiado, el arqueólogo.
Por otro lado, Bueno afirma que ésta es la tercera ocasión que el gobierno atenta contra los patrimonios culturales de nuestro país. -Primero fue durante la época de Fujimori, al otorgar títulos de propiedad sobre zonas arqueológicas invadidas; la segunda ocasión fue en el 2005, cuando se concedió terrenos históricos para la construcción de hoteles y restaurantes; y la tercera se da ahora, con esta iniciativa que debería ser rechazada-
Esto es un abuso de poder y un desmedido afán mercantilista que poco a poco acabará con nuestros recursos, manifestó el arqueólogo.
0 comentarios:
Publicar un comentario