Respecto a la reciente polémica entre el Estado peruano y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre el posible juzgamiento de los comandos que llevaron a cabo la Operación Chavín de Huántar, el analista político Alberto Adrianzén sostuvo que los llamados ‘buitres’, que presuntamente asesinaron a terroristas rendidos, merecen ir a juicio.
“Por más que sean terroristas (las personas asesinadas), merecen ir a juicio, que sea aquí en Lima o en la Corte (CIDH) es un problema secundario”, dijo el analista en entrevista con Irradiando San Marcos. “De ninguna manera se debe aceptar que por defender a un grupo de militares no se quiera discutir, saber la verdad de qué ha pasado”, añadió.
“Hay una actitud de ciertos sectores de la sociedad peruana de negar sistemáticamente lo que ha pasado, y de defender y apañar el comportamiento, violatorio, en algunos casos, de las fuerzas armadas”, cuestionó.
Relación del Perú con la Corte IDH
Para evitar conflictos entre la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los países miembros de la OEA, la Comisión debe ajustar la manera en que propone los juicios, como por ejemplo, que los jueces y miembros de la Comisión se contengan a los contextos nacionales, sostuvo el analista político.
Para Adrianzén, el viejo debate consiste en que mientras los Estados proponen que se modifique la CIDH, quien se opone a estas modificaciones es la sociedad.
“Por más que sean terroristas (las personas asesinadas), merecen ir a juicio, que sea aquí en Lima o en la Corte (CIDH) es un problema secundario”, dijo el analista en entrevista con Irradiando San Marcos. “De ninguna manera se debe aceptar que por defender a un grupo de militares no se quiera discutir, saber la verdad de qué ha pasado”, añadió.
“Hay una actitud de ciertos sectores de la sociedad peruana de negar sistemáticamente lo que ha pasado, y de defender y apañar el comportamiento, violatorio, en algunos casos, de las fuerzas armadas”, cuestionó.
Relación del Perú con la Corte IDH
Para evitar conflictos entre la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los países miembros de la OEA, la Comisión debe ajustar la manera en que propone los juicios, como por ejemplo, que los jueces y miembros de la Comisión se contengan a los contextos nacionales, sostuvo el analista político.
Para Adrianzén, el viejo debate consiste en que mientras los Estados proponen que se modifique la CIDH, quien se opone a estas modificaciones es la sociedad.
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