Irradiando salió a las calles para preguntarle a la gente qué opina sobre el gobierno de Alan García a pocos días de que éste finalice: esto fue lo que respondieron.
27 de julio de 2011
25 de julio de 2011
EDITORIAL El Legado del gobierno de García
El gobierno de Alan García llega a su fin y el presidente se despide de los peruanos con una aprobación a su gestión que bordea el 42%.
El rasgo más destacable de la gestión de García ha sido el crecimiento económico que el Perú ha experimentado de forma sostenida. Crecimiento que ha permitido reducir la pobreza de forma significativa. Pero a pesar de las alentadoras cifras económicas existen muchos problemas que el gobierno aprista ha sido incapaz de resolver.
En primer lugar la gestión de Alan García no ha tenido una política adecuada de inclusión social. Durante este gobierno la cantidad de conflictos sociales ha aumentado de forma alarmante. Cuando García llegó a la presidencia el año 2006 el Perú presentaba 80 conflictos sociales, hoy a sólo unos días del cambio de mando esta cantidad ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 217, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
La evidencia de este fracaso en la conducción de la política social la observamos hace solo unas semanas con el estallido en cadena de diversas protestas en el interior del país. Pero es Bagua el caso más emblemático ya que dejo un saldo de 34 muertos y provocó una crisis de gobernabilidad que culminó en la caída de todo un gabinete. El “Baguazo” fue ocasionado por la intransigencia de un gobierno que no se ha caracterizado por el respeto a los pueblos y la búsqueda de concertación.
Por otro lado la política de lucha contra el narcotráfico ha fracasado totalmente. Durante los últimos cinco años el cultivo de hoja de coca lejos de erradicarse ha aumentado y el Perú es hoy el segundo productor de hoja de coca en el mundo. Las incautaciones de cocaína y de los insumos químicos necesarios para elaborarla representan cifras insignificantes. El narcotráfico ha invadido diversas esferas del país y se erige como una verdadera bomba de tiempo para el próximo gobierno
Finalmente la corrupción ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. Casos como Petroaudios, COFOPRI o el escandaloso pago de Essalud al ministro Barrios, tienen como actores principales a personajes cercanos al presidente, lo que refuerza en la población la imagen de un gobierno corrupto y debilita las ya precarias instituciones democráticas.
Si bien el gobierno de Alan García ha tenido muchos aciertos en la conducción del país, también es cierto que se ha perdido una gran oportunidad para fortalecer las instituciones y crear un país más inclusivo. Tareas pendientes que tendrá que afrontar con decisión el próximo gobierno.
El rasgo más destacable de la gestión de García ha sido el crecimiento económico que el Perú ha experimentado de forma sostenida. Crecimiento que ha permitido reducir la pobreza de forma significativa. Pero a pesar de las alentadoras cifras económicas existen muchos problemas que el gobierno aprista ha sido incapaz de resolver.
En primer lugar la gestión de Alan García no ha tenido una política adecuada de inclusión social. Durante este gobierno la cantidad de conflictos sociales ha aumentado de forma alarmante. Cuando García llegó a la presidencia el año 2006 el Perú presentaba 80 conflictos sociales, hoy a sólo unos días del cambio de mando esta cantidad ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 217, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
La evidencia de este fracaso en la conducción de la política social la observamos hace solo unas semanas con el estallido en cadena de diversas protestas en el interior del país. Pero es Bagua el caso más emblemático ya que dejo un saldo de 34 muertos y provocó una crisis de gobernabilidad que culminó en la caída de todo un gabinete. El “Baguazo” fue ocasionado por la intransigencia de un gobierno que no se ha caracterizado por el respeto a los pueblos y la búsqueda de concertación.
Por otro lado la política de lucha contra el narcotráfico ha fracasado totalmente. Durante los últimos cinco años el cultivo de hoja de coca lejos de erradicarse ha aumentado y el Perú es hoy el segundo productor de hoja de coca en el mundo. Las incautaciones de cocaína y de los insumos químicos necesarios para elaborarla representan cifras insignificantes. El narcotráfico ha invadido diversas esferas del país y se erige como una verdadera bomba de tiempo para el próximo gobierno
Finalmente la corrupción ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. Casos como Petroaudios, COFOPRI o el escandaloso pago de Essalud al ministro Barrios, tienen como actores principales a personajes cercanos al presidente, lo que refuerza en la población la imagen de un gobierno corrupto y debilita las ya precarias instituciones democráticas.
Si bien el gobierno de Alan García ha tenido muchos aciertos en la conducción del país, también es cierto que se ha perdido una gran oportunidad para fortalecer las instituciones y crear un país más inclusivo. Tareas pendientes que tendrá que afrontar con decisión el próximo gobierno.
18 de julio de 2011
Julio Raurau: “Sospecho que Castañeda está tratando de desprestigiar a Susana Villarán”
Así lo afirmó el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (CONET), Julio Raurau.
En declaraciones para el programa Irradiando, Julio Raurau manifestó que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, estaría detrás del paro del pasado miércoles. “Nosotros decimos que esto es un manejo político porque Luis Castañeda Lossio y Marco Parra se han pronunciado que van a vacar a la alcaldesa y están aprovechando a estos gremios para poder convocar al paro”, apuntó.
Sobre la relación de estos consorcios con el exalcalde limeño manifestó: “Durante los ochos años de gestión estos consorcios han estado de la mano con el administración anterior. El único gremio que ha estado enfrentando los abusos contra los transportistas en Lima es CONET”. Reveló que el día 20 de noviembre de 2009 estos consorcios se reunieron con Castañeda Lossio en la Plaza de Armas para apoyar la vigencia de la Ordenanza N° 1338.
En declaraciones para el programa Irradiando, Julio Raurau manifestó que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, estaría detrás del paro del pasado miércoles. “Nosotros decimos que esto es un manejo político porque Luis Castañeda Lossio y Marco Parra se han pronunciado que van a vacar a la alcaldesa y están aprovechando a estos gremios para poder convocar al paro”, apuntó.
Sobre la relación de estos consorcios con el exalcalde limeño manifestó: “Durante los ochos años de gestión estos consorcios han estado de la mano con el administración anterior. El único gremio que ha estado enfrentando los abusos contra los transportistas en Lima es CONET”. Reveló que el día 20 de noviembre de 2009 estos consorcios se reunieron con Castañeda Lossio en la Plaza de Armas para apoyar la vigencia de la Ordenanza N° 1338.
Foto proporcionada por el presidente de la Conet en la que se ve al entocnes alcalde de Lima con miembros de la Sociedad de Transporte Urbano de Lima, consorcio que convocó el paro del pasado miércoles, tomada el 20 de noviembre de 2009
Recordó que estos consorcios inicialmente estuvieron de acuerdo con la Ordenanza dictada durante la administración de Castañeda para reglamentar el servicio público de transporte, pero ahora se oponen a la norma.
Según el dirigente transportista, dichos consorcios no abarcan más del 20% del transporte público, pero han mal informado a la mayoría de gremios para que estén en contra del plan de reordenamiento del transporte. “Han engañado a los empresarios, propietarios, conductores. Sacaron unos volantes que dijeron que las papeletas para los choferes habían subido en 3600 y cuando la ordenanza que dictó la alcaldesa ha bajado en un 50% para los choferes”.
Declaró que también se ha engañado a las empresas que compraron nuevos vehículos, pues “han dicho que al entrar en vigencia la Ordenanza 1338 estos vehículos que han comprado no van a ser considerados en los registros públicos. Esto es completamente falso”.
Ello, según el dirigente de la Conet, porque “los consorcios ya tienen conversado participar y apoderarse de los corredores viales. Para eso quieren estar de la mano con la autoridad, pero las autoridades le dicen que no. Las concesiones serán entregadas solo a los nacionales”.
Según la información que nos proporcionó vía correo electrónico, denunció que quienes están detrás movilizaciones son los consorcios Lima Bus –dirigido por José Luis Díaz león-, Consorcio Vía –dirigido por Víctor Valle-, Consorcio Lima Vías y otros. Todos concesionarios del corredor Metropolitano.
Según su información, ellos en alianza con Castañeda y el Ministro de Transporte Enrique Cornejo implementaron ordenanzas y decretos como políticas persecutorias y recaudadoras en contra de los gremios de transportistas.
Finalmente, se mostró estar de acuerdo con la ordenanza que hará la Municipalidad de Lima en el sector. “Esto del transporte si no se reordena, si no se regula y no se da el primer paso que tiene un costo político no se va a resolver nunca”.
11 de julio de 2011
Impunidad en el caso BTR
A pocos días de culminar el gobierno de Alan García, se viene realizando el juicio por el caso BTR en la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel del Poder Judicial. De esta forma, se ha citado en reiteradas ocasiones al exgerente de Business Track , Elías Ponce Feijoo. En más de una ocasión, el ex marino ha manifestado que el Presidente estaba al tanto de estas ilícitas actividades: del “chuponeo” telefónico y de las transacciones ilegales que los audios (Petroaudios) evidencian.
A lo largo de las publicaciones de los Petroaudios, personajes ligados a la cúpula aprista como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, entre otros, han sido cuestionados por su aparente participación en actos de corrupción; sin embargo, ya han transcurrido más de dos años y para ellos reina la impunidad. Instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República sólo se han dedicado a manosear la evidencia existente contra ellos.
Está en el próximo gobierno culminar con este proceso, hallar, procesar y sentenciar a los responsables eficazmente. No puede seguir campeando la impunidad. No le demos más resquicios a la corrupción.
A lo largo de las publicaciones de los Petroaudios, personajes ligados a la cúpula aprista como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, entre otros, han sido cuestionados por su aparente participación en actos de corrupción; sin embargo, ya han transcurrido más de dos años y para ellos reina la impunidad. Instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República sólo se han dedicado a manosear la evidencia existente contra ellos.
Está en el próximo gobierno culminar con este proceso, hallar, procesar y sentenciar a los responsables eficazmente. No puede seguir campeando la impunidad. No le demos más resquicios a la corrupción.
4 de julio de 2011
MINERÍA INFORMAL, HASTA CUÁNDO
La práctica ilegal de la minería es una amenaza latente que afronta el Perú. Los principales problemas que trae esta actividad son: la esclavitud y empleo de menores de edad, el envenenamiento del agua y el aire que consumen los habitantes de poblaciones cercanas a campamentos mineros y el severo daño causado a los ríos y bosques peruanos que está causando la deforestación de la selva.
Si bien el gobierno ha propiciado una serie de leyes para regular esta actividad, las personas involucradas en este negocio simplemente no las acatan. La formalización de esta práctica significaría el pago de impuestos, la realización de estudios socio-ambientales y condiciones laborales dignas para los trabajadores, hechos que los mineros informales no desean acatar porque les generaría una pérdida de las ganancias que vienen obteniendo ilegalmente.
Ante esta problemática, es preocupante observar la pasividad con la que actúan las autoridades regionales y nacionales que no toman medidas drásticas para sancionar estos graves daños. Cuando se ha intentado frenar estas prácticas, los mineros informales han respondido de forma violenta, con protestas y tomas de carreteras que han ocasionado pérdidas de vidas humanas. ¿Quién financia estas protestas?
A esto se suma el hecho de que existan congresistas vinculados directamente con estas actividades ilegales, a pesar de que la ley lo prohíbe. Es el caso de Tomás Cenzano, congresista del APRA, y Francisco Ccama, recientemente elegido por Fuerza 2011. ¿Cómo podemos esperar que el congreso legisle medidas adecuadas contra estas prácticas ilegales, si existen congresistas con intereses económicos en diversas mineras informales?
La lucha contra este flagelo está fracasando, ya que el gobierno saliente no ha tenido la capacidad para solucionar este grave problema. Será el próximo gobierno quién deberá encontrar alguna forma de terminar con estas prácticas ilegales, pues parte de los conflictos sociales que enfrenta el Perú devienen de esta práctica ilegal. Además, un nuevo y peligroso factor se ha sumado a esta actividad: la conexión con el narcotráfico.
Si bien el gobierno ha propiciado una serie de leyes para regular esta actividad, las personas involucradas en este negocio simplemente no las acatan. La formalización de esta práctica significaría el pago de impuestos, la realización de estudios socio-ambientales y condiciones laborales dignas para los trabajadores, hechos que los mineros informales no desean acatar porque les generaría una pérdida de las ganancias que vienen obteniendo ilegalmente.
Ante esta problemática, es preocupante observar la pasividad con la que actúan las autoridades regionales y nacionales que no toman medidas drásticas para sancionar estos graves daños. Cuando se ha intentado frenar estas prácticas, los mineros informales han respondido de forma violenta, con protestas y tomas de carreteras que han ocasionado pérdidas de vidas humanas. ¿Quién financia estas protestas?
A esto se suma el hecho de que existan congresistas vinculados directamente con estas actividades ilegales, a pesar de que la ley lo prohíbe. Es el caso de Tomás Cenzano, congresista del APRA, y Francisco Ccama, recientemente elegido por Fuerza 2011. ¿Cómo podemos esperar que el congreso legisle medidas adecuadas contra estas prácticas ilegales, si existen congresistas con intereses económicos en diversas mineras informales?
La lucha contra este flagelo está fracasando, ya que el gobierno saliente no ha tenido la capacidad para solucionar este grave problema. Será el próximo gobierno quién deberá encontrar alguna forma de terminar con estas prácticas ilegales, pues parte de los conflictos sociales que enfrenta el Perú devienen de esta práctica ilegal. Además, un nuevo y peligroso factor se ha sumado a esta actividad: la conexión con el narcotráfico.
