Hasta hace unos días, el tema de la supuesta estatización de las administradoras de los fondos de pensiones (AFP) estuvo en el centro del debate electoral, debido al polémico proyecto Pensión 65, de Gana Perú, dónde se señala que los peruanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una Pensión Social y que parte de este proyecto se financiará con los fondos de pensiones.
Las críticas a este proyecto desembocaron en un alarmismo innecesario en la población alentado, en gran parte, por los principales medios de comunicación. Preocupación exagerada, puesto que todo intento de modificar las AFP tiene que pasar necesariamente por el poder legislativo.
Así pues, en un hipotético gobierno de Ollanta Humala, este proyecto deberá discutirse y aprobarse en el próximo congreso de la República, donde Gana Perú no tiene mayoría parlamentaria.
Un arista preocupante de esta situación, es que en medio de esta controversia se hayan impulsado normativas apresuradas, como la del 27 de abril de este año, cuando se aprobó el Proyecto de Ley 4675, enviado por el Poder Ejecutivo y que plantea elevar de 30% a 50% el límite de la inversión de las AFP en el exterior lo que propiciaría una preocupante salida de capitales del país.
A esta medida se suma el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto de ley que blindará el fondo privado de pensiones y que se presentará en los próximos días ante el congreso. Este proyecto se basa en: la intangibilidad de los fondos, el respeto a los contratos y el respeto al derecho de propiedad. Normas que serán discutidas durante este mes y que deberán ser revisadas seriamente más allá de la coyuntura electoral.
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