Una vez más, las campañas electorales por los distritos limeños se están plagando de malas artes. Desde que Carlos Burgos, alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, asumió la candidatura para la reelección por el PPC, han proliferado las denuncias (Somos Perú, Perú Posible) según las cuales el burgomaestre estaría impidiendo los mítines políticos de sus adversarios.
Cabe recordar que cuando Burgos estuvo aliado con Alex Kouri en Cambio Radical, la candidata al sillón municipal por el PPC, Lourdes Flores, lo acusó de intentar frustrar un mitin en el distrito del Cono Norte, y calificó de “guerra sucia” a las acciones de Burgos. Sin embargo, muy amablemente, Flores Nano consideró que Burgos tenía derecho a una “segunda oportunidad” y lo aceptó en su partido.
La última denuncia en contra de Burgos fue, precisamente, por parte de la candidata de su ex partido Cambio Radical para el distrito sanjuanino, Sabina Alarcón, quien lo acusó de mandar a sus serenos a clausurar el local donde, en ese mismo momento, tenían programada una actividad proselitista. Lourdes Flores, por su parte, calificó las acusaciones de “prácticas montesinistas de provocación”.
Según el director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez, Carlos Burgos estaría violando el derecho constitucional de todo peruano a la libre reunión, y tergiversando las ordenanzas municipales para impedir los mítines adversarios, por lo que podría ser sentenciado hasta con 10 años de prisión.
En Villa María del Triunfo
Una situación similar es la que ha protagonizado el actual alcalde de Villa María del Triunfo y también aspirante a la reelección por el Partido Humanista, Juan José Castillo, acusado de utilizar el dinero de la comuna para perjudicar a sus contendores electorales. Según señaló la regidora villamariana y además candidata de Somos Perú para el mismo cargo en la Municipalidad de Lima, Raquel Barriga, el personal del municipio recorre el distrito a bordo de las camionetas de serenazgo quitando las gigantografías de propaganda de Somos Perú y de otros partidos.
Barriga dijo que el alcalde villamariano viene aplicando una ordenanza que fue impugnada por una parte de los regidores. En dicho reglamento se prohíbe a los vecinos realizar pintas electorales en zonas privadas, incluyendo sus propios domicilios, con una multa de 1.080 nuevos soles.
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